«Aceptada la injusticia, debe ser comprendida la rabia, debe ser escuchada la demanda, aceptada la responsabilidad y realizados actos reparatorios que conduzcan a la tranquilidad».
«Por estos días hemos escuchado reiteradamente un concepto respecto a las obligaciones de un gobernante, una de ellas, es que debe generar las condiciones políticas para el bienestar y seguridad de toda la población. Sus decisiones y mensajes deben propender a la tranquilidad y la paz.
Por otro lado, es de todos conocidos que la frustración genera rabia, que la insensibilidad para con el sufrimiento genera rabia, que la humillación genera rabia, que la injusticia genera rabia. La población hoy tiene rabia, independiente de si esa rabia se expresa de una u otra forma, hay rabia. El cómo se expresa una emoción depende en parte de los mecanismos psicológicos de negociación de esa emoción, esos mecanismos están mediatizados por muchas variables, entre ellas la educación, el contexto social, la reiteración de los fenómenos causantes de esa rabia, etc. Por lo mismo, no todos expresan la rabia del mismo modo.
Sin embargo, cuando una rabia se expresa, lo menos que espera cualquier ser humano, es que se le escuche y se le comprenda, más aún cuando esta rabia es legítima y ha sido generada por una injusticia sostenida en el tiempo, una injusticia que se había normalizado o que se asumió como destino fatal. Aceptada la injusticia, debe ser comprendida la rabia, debe ser escuchada la demanda, aceptada la responsabilidad y realizados actos reparatorios que conduzcan a la tranquilidad. No escuchar ni estar dispuesto a comprender una rabia legitima debido a una injusticia reconocida, es un acto violento, es una agresión debido al fenómeno de retraumatización, es decir, al hecho de volver a vivir el trauma inicial.
Es por lo anterior que hay algo muy peligroso en las declaraciones de las autoridades de Gobierno y de las Fuerzas de Carabineros, ante la masiva movilización social y sus legítimas demandas. Sus mensajes niegan, aminoran o relativizan hechos que han constituidos un abuso de poder del estado chileno, actual e histórico, ya sea concreto o simbólico. Esos mensajes no propenden a la tranquilidad de la población.
Por el contrario, no sólo causan incredulidad en la población, sino despierta indignación por una nueva humillación y vejamen a la dignidad de las personas. Obviamente eso produce intensificación de la rabia contenida, y podría entenderse que, frente a la violencia del discurso oficial, la gente responda también con violencia, no necesariamente expresada en destrucción de bienes públicos, sino también en el deseo de desafiar todo orden dictado por el Estado.
Por eso son tan inoportunos los mensajes y los modos comunicacionales establecidos por el Gobierno, que solo contribuyen a la violencia y en lo más mínimo a un acuerdo y paz social. Si no queremos violencia en las calles, expresada de la forma que sea, el principal responsable de evitarla es el Gobierno. No evitarla a través de más represión, pues ya está actuando tarde, sino de dar mensajes de reconocimiento del conflicto, de la responsabilidad en ello y de la real disposición a repararlo, eso es, a que no se mantengan ni vuelvan a repetir las condiciones que generaron la injusticia, la inequidad y en definitiva, la humillación de quienes solo piden un estado solidario, un estado que proteja a todos por igual.
Si los mensajes siguen siendo tan desafortunados como lo han sido hasta ahora, nos exponemos a que este país entre en un sendero peligroso, un sendero que nos lleve a la ingobernabilidad absoluta.
El gobierno debiera salir de su estado delirante y dejar de ver alucinaciones…tener sentido de realidad y, de una vez, dar respuesta a la demanda social; ver al otro, empatizar y reconocer el error. Es lo que le pedíriamos a cualquier persona que ha actuado con injusticia».
Dr. Gonzalo Rojas Alcayaga.
Doctor en Psicología U. de Chile.
Vicedecano Facultad de Odontología U. de Chile.